El Tribunal Superior de Cartagena falló la acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo y ordena a la Alcaldía y a la Oficina de Gestión del Riesgo de ese Distrito que reubicar a los 10.000 habitantes que están en peligro. El defensor Jorge Armando Otálora visitó el pasado 15 y 16 de mayo la isla y se percató del agrietamiento de las viviendas, de las cuales 120 estaban a punto de derrumbarse.
La orden judicial también busca que las autoridades encargadas le entreguen subsidios de arriendo o viviendas temporales a las familias afectadas, dándole prioridad a los hogares con niños, personas de la tercera edad o con discapacidad.
El Tribunal de Cartagena pide asimismo al Ministerio del Interior, al de Vivienda, a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, a la Gobernación de Bolívar, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y a la Alcaldía Mayor del Distrito que realicen estudios para determinar “las causas del agrietamiento de las viviendas en la zona alta de la población y en sus laderas, así como su relación con la erosión costera”
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